Editorial

Control de la violencia es prioridad

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El gobierno no puede desentenderse del hecho de que la violencia, en distintas manifestaciones, se está transformando rápidamente no sólo en un temprano desafío político, sino en uno prioritario. 

En el centro de Santiago han continuado con alarmante habitualidad los incidentes violentos, con brutales imágenes de agresiones a uniformados, incendios y destrucción de vivienda privada. Si bien, por un lado, el gobierno asegura que no “tolerará” este tipo de hechos y se reúne con las víctimas de la zona afectada, por otro anuncia suma urgencia al proyecto de indulto a los mal llamados “presos del estallido”.

En la macrozona sur, por otra parte, es difícil no interpretar el violento ataque del viernes en Contulmo -donde varias decenas de individuos armados quemaron 16 viviendas tras expulsar a golpes a sus moradores- como un siguiente paso esperable, luego de que la ministra del Interior fuera recibida a tiros en su visita a La Araucanía a solo días de asumir el cargo. Aun así, en ambos casos las autoridades reiteraron la decisión de no renovar el estado de excepción que rige en la zona desde fines del año pasado, decretado por primera vez y con apoyos transversales.

Y aunque el subsecretario asegura que “bajo amenaza y hechos de violencia no hay posibilidad ni de diálogo, ni acuerdo con el Gobierno”, al mismo tiempo reitera que la causa subyacente del problema es el “conflicto entre el Estado chileno y (el) pueblo mapuche”, que es justamente lo que sostienen los violentistas con los cuales no estaría dispuesto a dialogar.

Quienes reivindicaron el ataque del viernes exigen al gobierno retirar querellas en “causas mapuche” y un alegato pendiente hoy ante la Corte Suprema, sin lo cual “articularán movilizaciones en todos los territorios”. Se trata del tipo de amenaza que necesariamente merece una rotunda negativa, pero esta debe ir acompañada de la voluntad -y de una estrategia clara- para hacer valer la autoridad del Estado y los derechos de las víctimas ante la comisión de delitos graves.

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